En medio de la incertidumbre global por la constante actividad telúrica en países vecinos a Ecuador, país atravesado por el Cinturón de Fuego del Pacífico y expuesto a fallas geológicas activas, es común escuchar en calles y redes sociales que las variaciones drásticas de temperatura o el cambio climático influyen en la ocurrencia de sismos. Sin embargo, la ciencia es tajante al respecto.
En entrevista para Metro Ecuador, Tarsicio Granizo, director general de WWF Ecuador, la sede nacional del Fondo Mundial para la Naturaleza (World Wildlife Fund), desmitificó rotundamente esta creencia popular y enfatizó que no existe ningún vínculo científicamente comprobado entre las dinámicas atmosféricas y la actividad sísmica.
“No existe evidencia científica de que haya alguna relación entre el cambio climático y los terremotos o sismos. Son fenómenos completamente distintos. Los sismos se producen por el movimiento o hundimiento de las placas tectónicas debajo de la corteza terrestre”, aclaró Granizo.
El experto explicó que asociar los cambios bruscos de calor a frío (o viceversa) con temblores carece de sustento estadístico.
“Si analizamos todas las veces que ha cambiado el clima sin que haya temblores, o cuando ocurren sismos sin variaciones climáticas, vemos que esa afirmación no es válida”, precisó.
Lo que sí ocurre es un efecto colateral: un sismo puede desencadenar deslaves o derrumbes, y la degradación ambiental causada por la crisis climática vuelve a los terrenos más vulnerables a estos impactos.
La verdadera vulnerabilidad: estructuras sin rigor técnico y el desafío de los edificios sismorresistentesAnte las cadenas de desinformación que circulan en plataformas digitales prediciendo supuestos cataclismos, Granizo instó a mantener la calma, enfatizando que el riesgo real en Ecuador no está en el clima, sino en la calidad de las construcciones.
“Actualmente se sigue usando arena de mar o no se construyen estructuras antisísmicas. Es un riesgo permanente sobre el que hay que tomar conciencia”, alertó el titular de WWF.
La fragilidad del parque edificatorio en el país radica en que gran parte de las construcciones informales carecen de los estudios de suelo y del cálculo estructural exigido por la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC).
La sismorresistencia no busca evitar que un edificio sufra daños menores durante un temblor, sino garantizar que la estructura no colapse, salvaguardando las vidas de sus ocupantes.
“Un terremoto no mata a las personas; lo que mata es el colapso de las edificaciones mal construidas. Ecuador cuenta con una normativa sismorresistente estricta, pero el problema es el alto porcentaje de autoconstrucción e informalidad sin supervisión técnica. La sismorresistencia requiere muros de corte, disipadores de energía, acero de refuerzo con la ductilidad adecuada y, sobre todo, la prohibición absoluta de agregados dañinos como la arena de mar, que corroe la estructura internamente”, comparte el Ing. Roberto Caicedo, Especialista en Ingeniería Estructural y Geotecnia.
“El costo de incorporar diseño y fiscalización sismorresistente desde la fase inicial de un proyecto representa entre un 3% y 5% del valor total de la obra. Es una inversión mínima si se considera que previene la pérdida total del patrimonio familiar y, lo más importante, vidas humanas durante un evento de gran magnitud”, acota la Arq. María Fernanda Yépez, Consultora en Planificación Urbana y Mitigación de Riesgos
Para enfrentar la amenaza telúrica, las autoridades y especialistas recomiendan no solo acatar las disposiciones de la Secretaría de Gestión de Riesgos —como mantener lista la mochila de emergencia y contar con planes de evacuación familiar—, sino auditar técnicamente las estructuras donde habitamos y trabajamos.
La verdadera emergencia climática: incendios forestales en la SierraMientras los sismos responden a la geología interna de la Tierra, las emergencias por incendios forestales sí guardan una relación directa con el cambio climático y las estaciones de sequía (estiaje) que atraviesa la región Andina entre julio y septiembre.
Granizo recordó las alarmantes cifras registradas en 2024, considerado uno de los peores años de incendios en Ecuador con más de 5.500 eventos y 80.000 hectáreas devastadas, principalmente en provincias como Loja, Azuay, Pichincha e Imbabura. Aunque en 2025 las cifras descendieron, el riesgo se mantiene latente en cada temporada seca.
“El 99,9% de los incendios no son naturales ni espontáneos; son causados por accidente o mala intención”, afirmó el especialista, señalando a la quema de rastrojos agrícolas y a la quema de basura que se salen de control como los principales detonantes. A este escenario se suman dos agravantes críticos:
Ecosistemas combustibles: Los bosques de eucalipto y la vegetación seca de los páramos arden con extrema facilidad durante el estiaje.Impacto en el sistema eléctrico: Las sequías prolongadas reducen los caudales de los ríos que alimentan las represas hidroeléctricas, lo que en años anteriores provocó racionamientos de energía severos.Sanciones más duras y prevención económicaFinalmente, el director de WWF Ecuador hizo un llamado a reformar el marco legal del país, calificando como insuficiente la pena máxima de tres años de cárcel que establece el Código Orgánico Integral Penal (COIP) para los delitos ambientales, independientemente de si se quema una hectárea o diez mil.
“Más barato que apagar el fuego es prevenirlo. Los costos de los bomberos, el uso de helicópteros y motobombas son enormes. La solución definitiva está en la educación, la concienciación y en endurecer las sanciones para quienes atentan contra la naturaleza”, concluyó Granizo.